El Catálogo de Los Molinos, una necesidad para el bien común y una obligación legal (4)

Esta es la cuarta entrada del artículo "El Catálogo de Los Molinos, una necesidad para el bien común y una obligación legal"
Las tres anteriores fueron:

1. Primera manipulación: el Catálogo incluye un porcentaje exagerado de viviendas (19 de agosto de 2014).
2. Segunda manipulación: El equipo de trabajo que hizo el Catálogo carece de cualificación (23 de agosto de 2014).
3. Tercera manipulación: el Catálogo no ha sido dado a conocer a los vecinos/as (28 de agosto de 2014).

En ellas y en las que quedan, se expone los avatares del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Los Molinos. La próxima entrada, que será la quinta, estará dedicada a las alegaciones que se hicieron al Catálogo y, la siguiente a los niveles de protección que incluía el citado Catálogo. 

Adolfo Rodríguez Gil

Cuarta Manipulación: El Catálogo pretende expropiar las casas, impide venderlas, las declara Bienes de Interés Cultural (BIC), obliga a abrirlas a visitas turísticas, impide hacer obras a los vecinos/as…
Las manipulaciones más groseras que el PP ha hecho correr y ha llevado a los medios de comunicación, son:

• Que detrás del Catálogo había un intento de hacer expropiaciones masivas.
• Que los propietarios no podrían vender sus casas
• Que el Catálogo las había declarado Bienes de Interés Cultural
• Que tendrían que abrirlas a visitas turísticas una vez a la semana como mínimo.
• Y que no podrían hacer ninguna obra ni ampliación en ellas.

Cualquiera ajeno a la vida política de nuestro pueblo podría pensar que han sido sólo "mítines" de taberna o que nosotros estamos exagerando, pero, esos contenidos han sido puestos por escrito por ese partido en cuatro panfletos y, sobre todo, en la Alegación que difundieron y pasaron a firmar, aunque nos consta que algunos vecinos lo hicieron engañados o asustados por esas mentiras. 
Después de la aprobación inicial del Catálogo por la Junta de Gobierno, el 8 de mayo pasado, se abrió un período legal de alegaciones. Durante ese período (del 4 de junio al 10 de julio) se presentaron 256 alegaciones, de las cuales el 82% (210) eran del “modelo” que elaboró y difundió el PP.
Veamos esa Alegación, de acuerdo a sus puntos más relevantes y chocantes:
La Alegación del PP comenzaba, y continuaba a lo largo de sus cuatro páginas, citando profusamente artículos de una ley que llevaba derogada hacía más de un año, la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid de 1998. 
Además de ese error, que creemos que les ha hecho hacer el ridículo, el cuerpo principal de la alegación del PP se basaba en otro error garrafal, al decir que el Catálogo declaraba los inmuebles en él incluidos BIC (Bienes de Interés Cultural). Cualquiera que conozca estos temas, aunque sea superficialmente, sabe que declarar BIC a un bien es competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid y no del Catálogo, y que. además, en Los Molinos no tenemos ninguno con ese nivel máximo de protección (aunque hemos trabajado para que se le dé esta denominación a la fiesta de La Vaquilla y esperamos tener pronto una agradable noticia).
Desde ese error, o manipulación, se precipitaban los siguientes, cuando en la Alegación se afirmaba que los propietarios de los inmuebles catalogados estarían obligados a abrirlos, al menos, una vez a la semana para visitas del público (citando textualmente un artículo de la ley derogada, que además ha sido modificado en la nueva ley y que se refería exclusivamente a los BIC).
También, citando otros artículos de la ley derogada que hacían referencia a los BIC, se hacía ver que habría “limitaciones a la transmisión”, intentando crear miedo e incertidumbre entre los vecinos y vecinas, algunos de los cuales nos vinieron a contar que algunas personas del PP les habían dicho que no podrían vender sus viviendas libremente, lo cual, evidentemente, no era cierto.
Otro elemento que aparecía en la Alegación del PP era que el Ayuntamiento tendría que redactar Planes Directores “incurriendo en gastos que no estaban contemplados en la Memoria”, aspecto que, de nuevo, se refiere exclusivamente a los BIC. Por esto, en la Memoria no se podía hablar de los Planes Directores, porque no es necesario hacerlos si no hay Bienes de Interés Cultural.
La Alegación, decía también, textualmente que “un inmueble tiene la declaración de utilidad pública al estar en el catálogo” añadiendo “que abre la vía a la expropiación forzosa”. Para continuar diciendo que después de las expropiaciones el Ayuntamiento tendría que mantener los inmuebles y “en este momento no existe una partida presupuestaria en el Ayuntamiento que prevea estos supuestos. Es decir, si el Ayuntamiento no tiene recursos, serán obtenidos a través de nuevas medidas de recaudación, y por lo tanto afectando económicamente a todos los vecinos que vivimos en Los Molinos”. 

Aquí nos encontramos con un gravísimo error, o más bien con otra grosera manipulación, pues ningún inmueble es declarado automáticamente de utilidad pública por el hecho de estar en un Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. En ningún punto de la Normativa se decía esto, ni se podía decir porque hubiera sido ilegal. 
La declaración de utilidad pública es un procedimiento garantista previo que tiene que poner en marcha cualquier administración pública cuando pretenden expropiar un bien (por ejemplo para hacer una carretera, como pasó en El Chaparral) y durante el cual tienen que demostrar que en esa expropiación existe una necesidad y una utilidad social (si no me equivoco, tiene que ser el Consejo de Ministros quien lo declare de utilidad pública).
La referencia que se hizo en la Alegación del PP a la expropiación forzosa, los rumores que hicieron correr y la inestimable colaboración de la caverna mediática (incluyendo la comparecencia del portavoz del PP en uno de los medios de desinformación, mintiendo y dejando que se mintiera sobre el pueblo), hicieron que muchas personas creyeran ese extremo totalmente falso y ridículo. 
Y es que no sólo no había voluntad de expropiar las casas de nadie, ni nunca salió este tema a colación, sino que las finanzas de un pueblo que no tiene recursos ni para limpiar bien y reparar las calles, lo permitirían.
En la Alegación del PP, como demostración de esa supuesta intención expropiadora, se citaba un párrafo de la Normativa del Catálogo (Capítulo 1. Punto 1.1), en el que se exponía que en caso de grave incumplimiento de los deberes de conservación y tras la declaración de utilidad pública (que como hemos dicho es un procedimiento garantista), se podría abrir el paso a un procedimiento de expropiación forzosa.

Pero ese párrafo que citan en la Alegación no es más que un elemento informativo y una copia textual de lo que dicen las leyes. Tanto es así que sale textualmente del documento "Catálogos de Planeamiento. Instrucciones para su redacción" de la Consejería de Política Territorial, Dirección General de Arquitectura de la Comunidad de Madrid (página 20, tercer párrafo), por lo que está incluído en todos los Catálogos que yo conozco y también se incluyó textualmente en el Catálogo que el PP elaboró y aprobó en el año 2003 (en otro capítulo expondré más detalladamente los contenidos de ese Catálogo del PP).
Así redactó el PP este aspecto en el Catálogo de 2003:

“La aprobación definitiva del instrumento de planeamiento del que este Catálogo forma parte implica asimismo, para los bienes en él incluidos, su exclusión parcial del régimen general de ruinas, a la vez que la declaración de utilidad pública que abre la vía a la expropiación forzosa que eventualmente podría llevarse a cabo en caso de incumplimiento grave de los deberes de conservación que la Ley establece”

Así está redactado en el Catálogo de 2014:

“La aprobación definitiva de este Catálogo implica asimismo, para los bienes en él incluidos, su exclusión parcial del régimen general de ruinas, a la vez que la declaración de utilidad pública que abre la vía a la expropiación forzosa que eventualmente podría llevarse a cabo en caso de incumplimiento grave de los deberes de conservación que la Ley establece.”

Como se puede ver la redacción es igual ¿Por qué, en el año 2003, el PP no se escandalizó por ese párrafo que redactó y aprobó?
Sólo con este aspecto bastaría para demostrar la manipulación a la que ha pretendido someter el PP a un sector de la población, a la que con engaños se ha llevado a firmar una Alegación llena de errores y mentiras, de la que ahora muchos/as se sienten avergonzados/as.
También en la Alegación del PP se hace referencia al deber de conservación, citando de nuevo la ley derogada, como si fuera algo del Catálogo, cuando es un deber que tenemos todos los propietarios, independientemente de si el inmueble está o no en el Catálogo. Concretamente, la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (9/2001, de 17 de julio) en su apartado 1 del artículo 168, establece que:

"Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos y rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo"

Más aun, este deber de conservación para todos los inmuebles ha sido desarrollado, a la vez que se amplían las potestades para hacerlo efectivo por parte de las Administraciones (incluídos los Ayuntamientos), en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, sobre la que no me extiendo, para no hacer más largo este capítulo.
Otros aspectos más incluidos en esa Alegación del PP, han sido desmentidos en un documento que repartimos por el pueblo en julio (2.000 ejemplares) y que se puede leer en el blog de Convocatoria por Los Molinos. Me refiero, entre otras cosas, a las referencias a que la mampostería de granito de la Sierra no tiene valor de “materiales constructivos tradicionales de alto coste de reposición” (cualquiera sabe lo que costaría hoy hacer una casa o un muro de granito), a que las obras estarían sometidas a informe y que deberán ser aprobadas por la Oficina Técnica (lo que ya es obligatorio por ley para cualquier vivienda en la que se quieran hacer obras, como todos sabemos), a la confusión entre las licencias normales de obras con aquellas de demolición parcial para devolver el inmueble a su estado original (que son las que, si los propietarios deciden emprenderlas, deberían ser justificadas documentalmente), al planteamiento de que en el Catálogo se especifiquen los documentos y trámites para las licencias de obras (que ya están establecidos en las Ordenanzas correspondientes), a lo ya comentado de que el número de bienes incluidos es desproporcionado con respecto al patrimonio edificatorio de Los Molinos (cuando la inclusión en un Catálogo se establece por su valor, no como un porcentaje de los inmuebles y deberíamos estar orgullosos del valor de patrimonio inmueble de nuestro pueblo y no buscar su destrucción), a los condicionantes a las viviendas incluidas en el Catálogo (como si éste creara la disciplina urbanística a la que cualquier casa de Los Molinos, esté o no en el Catálogo, nos tenemos que someter por las leyes, el PGOU y las Ordenanzas), etc.
Tantos errores y despropósitos en una Alegación no son normales, incluso para el PP de Los Molinos, que ha basado tradicionalmente gran parte de su política en la mentira ¿Por qué lo han hecho así? Creo que cada uno/a debemos buscar una respuesta, porque la que dio su portavoz en un Pleno, reafirmándose en los errores, no sirvió más que para demostrar cabezonería y profundizar en el ridículo.
Sea como fuere, el PP, o una parte de ese partido en Los Molinos, ha demostrado una mezcla de ignorancia y mala fe que, sin duda, les pasará factura, porque este pueblo, lo mismo que este país, está cambiando, aunque algunos no lo quieran ver o no lo sepan ver. 

Además de esa engañosa Alegación, el PP hizo cuatro panfletos, que no vamos a comentar en detalle, en los que decía que el Catálogo es “acoso a la propiedad privada” y una forma de “destrozar el pueblo”, lo que si bien no cuadra con que el PP presentó un Catálogo en 2003, sí cuadra con la afirmación de su portavoz en el Pleno del 1 de agosto de 2014 de que, a pesar de que la ley y la lógica nos obliga, él no quiere “ni éste ni ningún Catálogo”.
¿Tendrá que obligarnos la Comunidad de Madrid o los Tribunales a hacer un Catálogo?