El sangriento verano de 1939

Una vez rendido el Ejército Popular de la República, después de casi tres años de resistencia contra el ejército golpista y sus tropas mercenarias coloniales, apoyado por decenas de miles de soldados y oficiales y un ingente suministro material por parte del nazismo alemán y el fascismo italiano, algunos pensaron que se iniciaba un período de paz y soñaron con algo semejante al “abrazo de Vergara” tras las guerras carlistas.
Pero el fin de la Guerra no trajo la paz, sino que dio entrada a una noche aun más negra en la que la represión alcanzó niveles de matanza y genocidio. 
La persecución de todo lo que oliera a libertad de pensamiento, opinión o religión convirtió nuestro país en una inmensa cárcel, no solo por los centenares de campos de concentración y las centenares de miles de personas presas o en batallones disciplinarios, sino también porque la represión cotidiana y hasta íntima, fue el marco de vida.
Todo lo que recordara a las libertades de opinión, expresión y, no digamos, de manifestación y votación quedó prohibido y estrechamente vigilado en un Estado confesional que utilizaba la religión como arma de aplastamiento de todo pensamiento libre o propio.
Un Estado que recreaba lo más fanático del catolicismo reaccionario, mezclándolo con proclamas fascistas.
Un Estado cuya represión no nació fruto de la ira, aunque se sirviera de ella, sino de un diseño consciente y planificado de erradicar la rebeldía y la conciencia de la gente trabajadora.
Un Estado que más allá de las proclamas nació para mantener los privilegios de las grandes fortunas y en el que no era suficiente con estar callado, sino que exigía cotidianamente muestras de adhesión a todas las personas en un planteamiento conductista de someter no solo las opiniones sino también los pensamientos rebeldes.
Así se quiso culminar el genocidio, barriendo todo el pensamiento libre, todos los avances intelectuales y sociales, con un genocidio continuado durante casi cuarenta años.
Y en Los Molinos ese ángel negro de la represión, bendecido por la iglesia católica, pasó y dejó sus víctimas. Varios vecinos fueron fusilados o “paseados”, otros muchos fueron torturados y encarcelados, otros más tuvieron que exilarse y muchos y muchas tuvieron que sufrir las palizas, la pérdida de sus empleos como funcionarios, los atropellos, las humillaciones, el señalamiento, las penurias y hasta los robos de propiedades, por parte de la dictadura y de los fascistas.
Pero la crónica más extrema del horror que se vivió en Los Molinos, de la que existe documentación, fueron los fusilamientos del verano de 1939.
Entre julio y septiembre de ese año fueron asesinado, además de otros vecinos, todos los miembros de Concejo Municipal de Frente Popular, excepto uno, Victoriano Domínguez Torrejón, teniente del Ejército Popular en la 31 Brigada Mixta, que pudo huir a Francia.
Todos ellos fueron condenados a muerte por Consejos de Guerra sumarísimos del Ejército de Ocupación (así reza en los documentos) por el delito de “adhesión a la rebelión”.
La eliminación física de quienes habían sido alcaldes y concejales del Frente Popular fue generalizada, al menos, en nuestra Sierra.
Esos “juicios” (Consejos de Guerra sumarísimos) se hicieron bajo el amparo de la Ley de Responsabilidades Políticas que desde el ejército alzado contra la democracia se promulgó en febrero de 1939, y que en un ejemplo de conculcación de la lógica del derecho permitía juzgar las conductas políticas, sindicales y sociales anteriores a 1936, que en aquellos momentos eran legales, que condenaba también la "pasividad" y que se sustentó en las denuncias de los jefes de Falange y del Movimiento Nacional (alcaldes) los párrocos y las llamadas “familias de bien” (léase caciques) de cada pueblo o localidad.

 

En esos Consejos de Guerra quienes se rebelaron contra la democracia y la legalidad, partían de estimar que quienes se les resistieron merecían la muerte o la cárcel.
Así, todos los vecinos de Los Molinos fusilados lo fueron por considerar el Consejo de Guerra que habían cometido el “delito” de adhesión a la rebelión, lo que implicaba su participación activa en la defensa de la República, la legalidad y las libertades. En la ley de Responsabilidades Políticas se establecía la pena de muerte o la cadena perpetua a quienes se hubieran adherido a esa defensa de las libertades y la legalidad, mientras que se reservaban años de cárcel a quienes hubieran auxiliado a la causa de la República.
Los abogados “defensores” de los vecinos que fueron fusilados, militares, por supuesto, plantearon en todos los casos que se condenara por auxilio, no por adhesión y en ningún caso el tribunal los implicó en ningún asesinato.
Se fusiló a unas personas que habían defendido la causa de los humildes y la legalidad Republicana basada en los resultados electorales.
No fue ni siquiera un simulacro de justicia, sino una venganza que se pretendió ejemplar. Una venganza que se extendió también a otros vecinos encarcelados, a sus familiares, a los maestros de Los Molinos… y que configuró una vida cotidiana de miedo y afrentas durante décadas.
Los datos que hemos podido ir recopilando nos dicen que los siguientes vecinos de Los Molinos fueron asesinados por la dictadura franquista:

Anastasio Aparicio Ortega, jornalero y concejal de Los Molinos, de 52 años, fusilado el 23 de junio de 1939 en el barranco arcillero frente al Cementerio de San Lorenzo de El Escorial y sepultado en una fosa común (su cadáver sigue sin haber sido identificado y sin poder ser sepultado por sus familiares).
Gregorio Alonso Martín, albañil y concejal de Los Molinos, de 36 años, fusilado el 23 de junio de 1939 en el barranco arcillero frente al Cementerio de San Lorenzo de El Escorial y sepultado en una fosa común (su cadáver sigue sin haber sido identificado y sin poder ser sepultado por sus familiares).
Enrique Molero Herrero, albañil, de 23 años, fusilado el 29 de junio de 1939 en el barranco arcillero frente al Cementerio de San Lorenzo de El Escorial y sepultado en una fosa común (su cadáver sigue sin haber sido identificado y sin poder ser sepultado por sus familiares).
Santiago Andrés Andrés, albañil y Alcalde de Los Molinos, de 43 años, fusilado en las tapias del Cementerio del Este el 15 de septiembre de 1939 y sepultado en una fosa común (su cadáver sigue sin haber sido identificado y sin poder ser sepultado por sus familiares).
Mariano López Piñuela, agricultor y concejal de Los Molinos, de 49 años, fusilado en las tapias del Cementerio del Este el 15 de septiembre de 1939 y sepultado en una fosa común (su cadáver sigue sin haber sido identificado y sin poder ser sepultado por sus familiares).
Basiliso García Rodríguez, albañil, de 40 años, fusilado en las tapias del Cementerio del Este el 18 de marzo de 1940 y sepultado en una fosa común (su cadáver sigue sin haber sido identificado y sin poder ser sepultado por sus familiares).

El ilegal fusilamiento de vecinos de derechas de Los Molinos en 1936, en Cercedilla y a manos de milicianos desconocidos en los primeros días de la Guerra y la desaparición de algún otro en pueblos cercanos, pesó en las condenas, aunque a ninguno de los republicanos fusilados se les acusó de ninguna muerte, pero sí de destinar los muebles que incautaron en los chalets a los hospitales y el dinero de las cofradías, que depositaron ante el Secretario del Ayuntamiento, a la Caja de Reparaciones de Madrid.
Concretamente, la sentencia del Consejo de Guerra dice:

"Resulta probado y así se declara por el Consejo que los procesados Gregorio Alonso Martín, Anastasio Aparicio Ortega, Mariano López Piñuela y Santiago Andrés Andrés de malos antecedentes y izquierdistas destacados con anterioridad al Glorioso Movimiento Nacional actuaron dede el primer momento al servicio de los marxistas en el pueblo de Los Molinos (...) Considerando que los hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito de adhesión a la rebelión con las circunstancias agravantes de extrema peligrosidad (...) Fallamos que debemos condenar y condenamos a los procesados (...) como autores de un delito de adhesión a la rebelión agravado por la peligrosidad de los agentes y gran transcendencia de los hechos realizados a la pena de muerte"

Durante el Consejo de Guerra Santiago Andrés Andrés mantuvo en todo momento una posición digna, indicando que por orden suya se protegió al cura párroco, Alejandro de Castro, "para evitar que se metieran con él" y en sus declaraciones no inculpó a nadie (lo que a veces hacían algunos procesados tras las torturas y para intentar librarse de la pena de muerte).
El defensor de oficio, un oficial del ejército franquista, expuso que los hechos realizados por los cuatro procesados eran constitutivos del delito de "auxilio a la rebelión" y solicitó se impusiera a cada uno de ellos la pena de 18 años y un día de reclusión temporal.

La tragedia que se cernió sobre estos hombres, sus familias y amigos, fue más allá de su muerte y llevó adherida la pena de no recordarlos, no nombrarlos, no compadecerlos siquiera e incluso, como hemos sabido de algunos parientes, de renegar de ellos en público para salvarse o para no ser maltratados por los fascistas y los caciques del pueblo.
En el caso del que fue alcalde del Frente Popular, Santiago Andrés Andrés, la tragedia estremece más sabiendo que se encontraba en Francia con su hijo en el momento de la derrota de la República, después de haber luchado en batallas como la del Alto del León, Brunete y Teruel en el Ejército Popular de la República, pero creyó en la promesa del dictador de respetar a quienes no tuvieran las manos manchadas de sangre.
Precisamente fue el 15 de septiembre de 1939, coincidiendo con las fiestas de Los Molinos, cuando murió fusilado en las tapias del cementerio del Este nuestro alcalde Santiago Andrés Andrés, junto con el concejal y su sucesor en la alcaldía Mariano López Piñuelas. También ese día fueron fusilados otros alcaldes de pueblos de la Sierra, como Mariano Cuadrado, de Torrelodones (al que ha sido dedicada una plaza en ese pueblo, por unanimidad del Pleno municipal), el alcalde de El Escorial, Dionisio Fernández Salinero y otros más.
También hay que recordar que todos estos vecinos y algunos más fueron sometidos a torturas, palizas y vejaciones durante su estancia en las cárceles franquistas.
Los cadáveres de todos estos molineros fueron enterrados en fosas comunes, a las que se negó su identificación y esquela, que se sigue negando 80 años después.
La Junta Local de Los Molinos, emanada de las elecciones ganadas por el Frente Popular en febrero de 1936, había desaparecido junto con la democracia y el poder de los de abajo.
En Los Molinos volvíeron a mandar los caciques, los señoritos, los pistoleros falangistas, el cura y el comandante del puesto, que se involucraron activamente en las denuncias y acusaciones que llevaron a estos molineros a la muerte y también a decenas de encarcelamientos, expropiaciones, las palizas y humillaciones a los sobrevivientes, durante años y años.
La dictadura en su estrategia represiva y en su afán de implantar el miedo no sólo se llevó la vida de estos trabajadores y sindicalistas, y de varios vecinos más, sino que quiso matarlos dos veces haciendo desaparecer también su memoria del recuerdo colectivo.
Parcialmente lo lograron durante decenios.
Todavía hoy algunos vecinos y hasta algunos familiares se sienten incómodos cuando salen a relucir estos hechos históricos.
Todavía hoy, en nuestro pueblo, al contrario que en otros, nada recuerda a estas personas injustamente condenadas y fusiladas por un gobierno ilegítimo, nacido de la traición y la victoria en una guerra en la que fueron claves las tropas coloniales ("los moros que trajo Franco") y el amplio apoyo del gobierno nazi alemán y del gobierno fascista italiano... Ni siquiera, el partido al que la mayoría de ellos perteneció, el PSOE, ha hecho nunca nada por rescatar su memoria y permitir que sean enterrados con filiación.
Una vez más tenemos que repetir, y no nos cansaremos, que sin Memoria Democrática y Antifascista no hay futuro y que los familiares tienen derecho a que los suyos reposen en tumbas con su identificación. Una vez más, y no nos cansaremos, decimos que tenemos que sentirnos orgullosos de esos vecinos que pelearon por la República, la democracia y los derechos de los humildes.
Una vez más, y seguiremos insistiendo, recordamos la deuda que tenemos con su memoria y alentamos a que ésta sea reconocida oficialmente por nuestro Ayuntamiento y nuestro pueblo, como ya lo ha sido en centenares de localidades.

Adolfo Rodríguez Gil

PS. Nuestro compañero Santiago Grande, en su ingente trabajo de documentación sobre la Memoria Antifascista de la Sierra, ha encontrado numerosos documentos entre los que se encuentran fichas del Ejército Popular. Entre ellas las de nuestro vecino Victoriano Domínguez Torrejón, que incluimos, que alcanzó el grado de teniente durante la Guerra: