viernes, 8 de enero de 2010

Adelanto de la crónica del Pleno de 7 de enero 2010: la oposición mayoritaria rechaza la antena en El Chaparral

http://www.lu1ig.org.ar/images/antena_vieja.gif
El Pleno de ayer, jueves 7 de enero, fue relativamente breve, con importantes contenidos y no exento de humor en algunos momentos.
Una decisión destacada fue el voto contrario de los concejales de IU-Convocatoria por Los Molinos, PLM y PSOE, a la propuesta del PP de ceder un terreno en El Chaparral a una empresa del Canal de Isabel II, que ha sido contratada por la Comunidad de Madrid, para instalar en ese monte protegido una gigantesca antena (equivalente a un edificio de 10 plantas). Las razones que esgrimimos los grupos de la oposición son las que aparecen en la entrada anterior en la que anunciamos este nuevo despropósito del PP. Por lo tanto no habrá antena en El Chaparral ni en ningún otro sitio, hasta que no se de información que lo justifique.
Por otra parte, el PSOE retiró su propuesta de reglamentar la Junta Local de Seguridad, ante el informe del Secretario en que se indicaba que esa propuesta no tenía cabida y la promesa del alcalde de ponerse en contacto con la Delegación del Gobierno para convocarla.
El turno de preguntas, como en otros plenos, fue bastante sustancioso, aunque no tanto por las respuestas del alcalde.
Entre las preguntas que se realizaron destacamos la que se hizo sobre cuándo se convocará la Comisión de Hacienda para estudiar los proyectos que el Ayuntamiento presentará al Fondo para el Empleo y la Sostenibilidad Local. La respuesta del alcalde fue que la convocaría para la próxima semana. Hay que tener en cuenta que los proyectos tienen que estar presentados, a más tardar, el 4 de febrero próximo. Esperamos que el equipo de gobierno del PP tenga una actitud dialogante en este tema y los proyectos que se aprueben lo sean por consenso, pues, de otra forma, tenemos que recordar que es el Pleno del Ayuntamiento quien los aprueba y allí el PP está en minoría.
Nuestra concejala planteó las siguientes preguntas:
Sobre los problemas de calefacción en el Centro de Salud, el Colegio y el Polideportivo (se contestó que se estaban mirando).
Sobre si cuando se concedió la licencia de derribo de la casa singular del arquitecto Francisco Javier de Luque se autorizó sabiendo que en ella había dos nidos de cigüeña que fueron destruidos (se contestó, entre risitas, que no se sabía de esos nidos).
Sobre cuándo presentará el PP los Presupuestos para 2010 (se contestó que a finales de este mes o principios del siguiente).
Sobre si había habido respuesta por parte de la Comunidad de Madrid sobre la obra del aparcamiento de FERRITUR en zona LIC (Lugar de Interés Comunitario) del río Guadarrama (se contestó que no había respuesta de la Comunidad).
Sobre si el equipo de gobierno iba a realizar un nuevo estudio de viabilidad económica para la salida a concurso del proyecto de la Plaza de Toros - Centro Comercial, teniendo en cuenta que el anterior estudio (que nos costó 15.500 €) ha quedado desastualizado, pues estimaba el coste en 2,9 millones de euros, cuando el estimado de la nueva obra, de acuerdo al proyecto aprobado por el Ayuntamiento, es de 4,2 millones de euros (sorprendentemente se contestó que ya se hizo, que seguía valiendo y que no se tenía previsto hacer un nuevo estudio de viabilidad económica).
Sobre si había respuesta de la Comunidad sobre cuándo el antiguo Colegio pasaría a propiedad municipal (se contestó que no había respuesta).
Petición de información pública sobre el procesamiento por lo penal de dos funcionarios municipales y sobre la posible implicaciones que podría tener en otros cargos del Ayuntamiento (el alcalde no dio más información que decir que la demanda contra esos funcionarios era sospechosa y que todos teníamos que apoyarlos -¿sin que se nos informe cuál es la situación?).
A través de otra pregunta salió la información de que el CAPI sólo cuenta con subvención de la Comunidad de Madrid hasta finales de este mes y que si no hay nueva subvención se cerrará.

7 comentarios:

Anónimo dijo...

Sobre el apoyo a los funcionarios, me parece correcto, porque los culpables son los que aprueban los informes que firman esos funcionarios, a través de una licencia, que es concedida por la Comisión de Gobierno, que son los responsables y a los que se tendría que implicar.

Anónimo dijo...

Efectivamente, la responsabilidad fundamental es de los que impulsaron el cambio de planeamiento de una zona de Los Borregones,la Junta de Gobierno, el alcalde y quien lo autorizó en la Comunidad de Madrid.
Aquí puede, y debe, pasar lo que está impulsando Ecologistas en Acción en Cercedilla, que de la imputación de funcionarios, por el asunto del chalet de Peñalara, se pase a la del alcalde (PSOE) y de los responsables de la Comunidad de Madrid que lo autorizaron.
O lo que ha pasado en Guadarrama con el asunto de El Molino, por el cual el procesamiento llegó al alcalde que, recordemos, tuvo que dimitir.
Los funcionarios imputados harían bien en decir lo que saben y no cargar con el muerto.
Es un consejo.

Anónimo dijo...

estais vosotros "enteraos"...sobre todo en Guadarrama

Anónimo dijo...

Para vuestra desgracia estamos más enterados de lo que creéis (aquí y en Guadarrama)

Anónimo dijo...

pues para tu desgracia el alcalde de guadarrama no ha dimitido por nada del molino, mas bien estan absueltos jajajaja.
el alcalde dimitio por que es viceconsejero de la comunidad de madrid.
joder como todo lo que conteis seha igual estamos cojonudos con tantas mentiras.....

Anónimo dijo...

Así lo publicaba El País:
"El alcalde de Guadarrama (13.000 habitantes), José Ignacio Fernández Rubio, del PP, paga a los abogados que le defienden de un caso de prevaricación con dinero público. Fernández Rubio, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Miguel Rodríguez Bonilla, y otros tres concejales del PP del municipio han sido acusados por un juez de Collado Villalba de un delito de prevaricación (adoptar una decisión a sabiendas de que es injusta).
Y claro, el proceso judicial sale caro. Por eso, el pasado 25 de abril la junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó destinar 20.800 euros a la defensa jurídica del regidor y de su mano derecha. Los dos implicados se abstuvieron durante la votación, pero este órgano de decisión está controlado exclusivamente por los concejales del PP, por lo que no hubo oposición a la propuesta.
Fernández Rubio, Rodríguez Bonilla y los otros tres concejales populares fueron acusados por conceder la licencia provisional de explotación al restaurante El Molino de El Rey, situado en suelo con la máxima protección. El primer teniente de alcalde es administrador de la empresa que gestiona el mesón.
Sufragar la defensa jurídica de un proceso judicial contra la figura del alcalde no es ilegal, según varios expertos consultados. Pero en el caso de que la sentencia condene finalmente al regidor será "éticamente reprobable", aseguran. El alcalde explica que este es el procedimiento habitual que se ha seguido siempre en Guadarrama. "Incluso cuando había alcaldes de otro signo", precisa.El grupo socialista de Guadarrama considera "un escándalo y un insulto para los contribuyentes que los vecinos tengan que pagar la defensa de ambos individuos".
El caso nació hace ocho años, en 2.000. La empresa Golden Hipotecaria, de la que es administrador el primer teniente de alcalde, compró unos terrenos junto al río Guadarrama para reformar un antiguo molino de piedra y convertirlo en un restaurante. Pero los terrenos tienen el máximo grado de protección. Pese a todo, la empresa siguió adelante para instalar su negocio y solicitó la correspondiente licencia al Ayuntamiento, que concedió una licencia provisional e hizo caso omiso de las repetidas advertencias de la Comunidad de Madrid. El director general de Urbanismo reclamó, en 2003, al Ayuntamiento que cerrase el restaurante, que hizo oídos sordos.
En marzo de 2008, el juzgado de instrucción número 2 de Collado Villalba confirmó el delito contra la ordenación del territorio. Ahora, el juez que instruye el caso ha remitido el proceso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El alcalde es también diputado regional, por lo que sólo puede ser juzgado por este tribunal. De esta forma, el proceso comienza de nuevo. Ahora el TSJM tiene que decidir si admite a trámite la denuncia y reiniciar todo el proceso, que se dilatará durante años."

Anónimo dijo...

EL PAIS OTRO PARA FIARSE..