Transcribimos la nota de prensa de Ecologistas en Acción y recordamos que el alcalde, Antonio Coello, no ha cumplido su promesa de reunir a los grupos municipales para hablar de este atentado, cuando ya se va a cumplir un año del mismo ¿Negligencias o complicidades?
La Guardia Civil y la Justicia dejan impune el atentado al coche y casa de un activista de Ecologistas en Acción y concejal en Los Molinos
La jueza del juzgado nº 6 de Collado Villalba, Camino Serrano Fernández, decidió, el 18 de julio de 2024, solo diez días después de la visita al juzgado por Adolfo Rodríguez Gil, acordar el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones por el incendio intencionado que destruyó el vehículo del activista el 24 de abril de 2024.
La jueza dispuso, en el Auto nº 487/2024, que se le notificase el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, pero desde el juzgado no se hizo y solo se ha conocido ese sobreseimiento cuando la víctima del atentado se personó en el juzgado el 29 de febrero de 2025, ante la tardanza en recibir la comunicación que se le había anunciado, limitando así las posibilidades de actuación y los derechos del denunciante, dándole solo tres días para recurrirlo.
Por otro lado, en un principio, la Guardia Civil comunicó al denunciante que no se iba a investigar el atentado, pero tras una nota de prensa de Ecologistas en Acción Sierras de la Comunidad de Madrid y al hacerse eco los medios de este injustificable rechazo, las policías científicas y judicial iniciaron las investigaciones el séptimo día después del atentado, cuando ya lo que podían haber sido pruebas, como las grabaciones de las cámaras de las casas cercanas, habían sido borradas.
La policía científica hizo una detallada investigación en la que concluye que se violentó una puerta trasera del coche, la situada junto a la toma del depósito de gasolina, y que se vertió por dentro y por fuera un volumen considerable de acelerante (gasolina).
La policía judicial comunicó al denunciante que habían hecho algunas investigaciones, pero que al no poder demostrar quién era el culpable, iba archivar la investigación, a lo que les respondió que le parecía intolerable que no se investigara un atentado que podía haber tenido consecuencias graves en las personas y que era de carácter político, al tratarse de un concejal y activista de Ecologistas en Acción. Finalmente, la policía judicial envió los documentos al Juzgado nº 6 de Collado Villalba.
La policía judicial del cuartel de la Guardia Civil de Collado Villalba se había acercado a las casas vecinas el 30 de abril de 2024 y preguntó al menos en dos por las grabaciones de las cámaras en la madrugada del 24 de abril, pero los propietarios/as les respondieron que las habían borrado, lo que es lógico en unas cámaras privadas. Sin embargo, este hecho no se refleja en el informe de la policía judicial, sino que se dice que esas cámaras no apuntaban a la calle.
La policía judicial realizó otras “investigaciones” y pidió grabaciones de cámaras del Ayuntamiento de Los Molinos y de algunas gasolineras, pero aunque en ellas aparecen vehículos circulando en las horas del atentado, ésta dice que no se veían las matrículas y que no podía determinar la marca de los vehículos grabados.
No pidió, sin embargo, grabaciones de las cámaras de otras gasolineras o de otros Ayuntamientos, por ejemplo, de Cercedilla, y no parece verosímil que no pudieran deducir de las grabaciones de qué tipos de vehículos se trataba.
A la vista de lo conocido, Ecologistas en Acción considera que no ha existido, ni existe, la voluntad de dar con el culpable del incendio que además de destruir totalmente el vehículo, quemar dos árboles, otro parcialmente y un seto, implicó que las llamas llegaran hasta la pared de la vivienda y hasta la conexión de gas, que se encontraba a un metro y medio del vehículo. Falta de voluntad de investigación frente a lo que fue una actividad de intimidación terrorista contra un concejal del Ayuntamiento de Los Molinos y una persona con una significativa actuación contra las agresiones al medio ambiente de la Sierra y contra la especulación urbanística.
El denunciante, que se ha personado en la causa, ha alegado contra el sobreseimiento y ha pedido que se realicen nuevas investigaciones, entre ellas: la triangulación de los móviles de dos personas sospechosas, lo que se debe hacer urgentemente, pues en abril vence el periodo de un año en el que las compañías están obligadas a guardar los datos, la aportación de las grabaciones de seis gasolineras de Cercedilla, Guadarrama y Navacerrada que no se investigaron, la de las facturas y medios de pago de bidones de combustible en las gasolineras cercanas, y la toma de declaración al principal sospechoso y a un familiar del mismo. Pero el fiscal ha pedido que no se acepte el recurso, porque en su visión las diligencias llevadas a cabo por la Guardia Civil descritas en el atestado fueron minuciosas y exhaustivas y que no parece que se les pueda exigir un mayor esfuerzo en una investigación.
Ecologistas en Acción informa, como ya lo hizo en su momento, que el compañero Adolfo Rodríguez Gil ha recibido con antelación ataques, agresiones, amenazas de muerte e insultos, por su labor ecologista y política, y que consideramos que el incendio de su vehículo forma parte de una campaña de amedrentamiento que es frecuente contra los activistas medio ambientales y antifascistas.
Ecologistas en Acción exige que la policía judicial prolongue las investigaciones y que el Juzgado nº 6 de Collado Villalba se implique en una causa que consideramos de terrorismo. De no hacerlo, se estaría alentando este tipo de atentados hasta llegar a niveles de mayor gravedad aún.
Ecologistas en Acción considera que cuando un juez o jueza o un/a fiscal, tiene interés real en investigar una causa, puede hacerlo, como vemos a diario en los medios. Por lo que desde la federación ecologista de la Comunidad de Madrid se pide a la jueza Camino Serrano Fernández que se involucre en el esclarecimiento de los hechos y que desde la justicia se protejan también a las personas que luchamos contra la destrucción del medio y por la mejora de la vida de las mayorías, como hace el compañero activista Adolfo Rodríguez Gil.
