Ecologistas en Acción ha elaborado un informe científicamente fundamentado sobre el impacto de la caza en España

• Ecologistas en Acción ha elaborado un informe sobre el impacto de la caza en el Estado español, donde desglosa documentadamente los graves perjuicios que esta actividad está produciendo en el medio natural y que alcanza aspectos medioambientales, de bienestar animal, económicos y sociales.
• La caza en España, lejos de ser una actividad que contribuya al equilibrio natural, es el factor que genera muchos de los problemas que luego el sector cinegético se ofrece a solucionar, sin éxito en ningún caso.

Ecologistas en Acción ha elaborado el informe "El impacto de la caza en España" en el que, a través de una revisión de 80 publicaciones científicas, técnicas y divulgativas, analiza los principales aspectos que definen el desarrollo de esta actividad y se valora documentadamente el profundo y negativo impacto que crea en el equilibrio natural, la biodiversidad, el bienestar animal y el desarrollo rural.

La caza en el Estado español afecta al 80 % del territorio y se debate entre dos modelos de gestión: uno de perfil más popular, de cotos de carácter social, y otro de carácter comercial, destinado a la explotación turística nacional e internacional. Ambos modelos, aunque más acusadamente el segundo, tienden cada día más a la intensividad y a la transformación de la caza en un mero aprovechamiento ganadero basado en la suelta de animales criados en granjas, en la aportación artificial de alimento y en la implantación de infraestructuras que cada día fragmentan más los espacios naturales y obstaculizan el desarrollo de actividades de ocio y ecoturísticas. Algunos datos ofrecidos por el informe son elocuentes sobre lo que es y lo que perjudica la caza en España.

En cuanto al cumplimiento de la legislación, el mundo de la caza se mantiene en permanente rebeldía con las directivas europeas y las leyes nacionales y autonómicas. 

Es manifiestamente refractario a dejar de lado ningún tipo de práctica cinegética por perniciosa que ésta sea. Se han listado más de una veintena de modalidades de caza contrarias a la normativa. Entre ellas están los ejemplos del parany, del silvestrismo, de las tiradas de pichón, de codorniz, de faisán o de acuáticas, del uso de plomo, de la caza de especies exóticas e invasoras, del control de predadores, de la caza de perdiz con reclamo, de la media veda de la tórtola, de la caza en los parques nacionales o en otros espacios protegidos, de la caza del lobo o de la caza fuera de temporada.
En cuanto a la gestión y a esa imagen que el lobby cinegético quiere proyectar de favorecer el equilibrio ecológico, queda patente –y lo suscriben numerosos estudios científicos e incluso alguna sentencia del Tribunal Supremo– que, lejos de contribuir a ello, lo que hace la caza es exactamente a lo contrario. Con el agravante, además, de que en muchos casos los cazadores se ofrecen a solucionar, con nulo éxito, los problemas que ellos mismos crean.
Así, por ejemplo, están fomentando el incremento de las poblaciones de jabalí y de ciervo a través de sueltas y la instalación de comederos. Han sido los causantes de la entrada de especies invasoras que son ajenas a nuestros ecosistemas, como el arruí o el muflón. Mediante sueltas descontroladas han contribuido y contribuyen a la contaminación genética de especies como la perdiz roja. O generan fuertes desequilibrios, favoreciendo el incremento de depredadores oportunistas, mediante las sueltas masivas de especies de caza menor.
Frente a ello, cuando se pone a la caza al servicio del llamado control de poblaciones, sea en la circunstancia que sea, fracasa estrepitosamente. Así ha ocurrido y ocurre con el jabalí en toda la península, con el ciervo en los parques nacionales y otros espacios naturales, con el arruí en las zonas donde está introducido y con el conejo en los lugares donde produce daño en los cultivos.
Esta situación tiene una explicación que comparten incluso los tribunales. Como bien señala en sus argumentos la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en la sentencia 637/2016 que da la razón a las organizaciones ecologistas en su recurso frente al Real Decreto 630/2013 sobre Especies Exóticas Invasoras: "Está en la naturaleza de las cosas que la caza y la pesca, lejos de servir a los fines de erradicación de las especies catalogadas [como exóticas e invasoras], más bien determinan su mantenimiento indefinido, cuando no la agravación, del status quo actual, dificultando, si no haciendo imposible, su erradicación, que es un objetivo inequívoco de la LPNB". Es decir, como atestiguan diversos estudios, la caza no sirve para el manejo ordenado de poblaciones, pues en su ADN está el mantenimiento y promoción de las especies que son de su interés.
En cuanto a la contribución económica cabe destacar que la caza si genera actividad es, sobre todo, a través del dinero negro. Algo que ha reconocido el propio sector, que ha llegado a cifrar en dos tercios, sobre un total de unos nueve mil millones de euros, el volumen de negocio que escapa al control legal.

Por otra parte, la práctica cinegética perjudica cada día más al resto de actividades de aprovechamiento, ocio y turismo que se desarrollan en el medio natural. Molesta y pone en peligro a las personas y genera obstáculos legales o físicos para limitar su desarrollo. Y eso ocurre cuando ya está demostrado, a través de un reciente estudio elaborado en una de las comunidades autónomas de mayor actividad cinegética como es Andalucía, que las actividades de autoconsumo ambiental, uso recreativo y conservación de la biodiversidad amenazada son más rentables que la caza en términos económicos (Campos et al. 2014).
Ecologistas en Acción, además de divulgar este estudio y el documento informativo "Siete verdades del impacto de la caza en España", trasladará estos textos a las instituciones europeas y estatales, incluidos los grupos políticos, para que lo tengan en consideración a la hora de abordar el futuro de esta actividad.