En ninguna norma legal se dice que los Planes Generales sean para crecer en número de viviendas y habitantes o para expandir el urbanismo, aunque se haya querido instalar en el imaginario que esa es su función y que su lógica es reclasificar suelos rurales (suelos vivos) para convertirlos en suelos urbanos y recalificar suelos que ya son urbanos o urbanizables incrementar los usos lucrativos en los mismos., como se intenta de nuevo en este Avance de PGOU.
Como hemos comentado, la legislación y la lógica
establecen que los Planes Generales son para ordenar el territorio y, por lo
tanto, podrían plantear crecimientos de las zonas urbanas o congelar el
crecimiento y mantener la situación presente (crecimiento cero) pero también
pueden optar por desclasificar sectores urbanos o urbanizables no construidos,
para devolverlos a la situación de no urbanizables (crecimiento cero con
desclasificación de zonas urbanizables o urbanas) como desde Ecologistas en
Acción venimos sosteniendo que es imprescindible hacer en el conjunto de la
Comunidad de Madrid y, especialmente, en los municipios de la Sierra, y como
alguna CC.AA. (por ejemplo, Castilla y León) ha hecho a nivel regional.
Los Planes Generales tienen como razón y obligación legal buscar y respetar el interés general, el interés de las vecinas y vecinos, y hacerlo cumpliendo las obligaciones de las administraciones públicas establecidas en la Constitución y en las leyes, como son la protección del medio natural y del patrimonio histórico-cultural.
La legislación no contempla que los Planes Generales se hagan para satisfacer los intereses de las minorías que atesoran suelo, ni para el beneficio del entramado político-especulador que se ha venido apoderando durante decenios de los Ayuntamientos.
El que ésa haya sido la práctica y el modus vivendi predominante durante decenios y que algunos pretendan seguir manteniéndola (a pesar de su ilegalidad y de la destrucción de suelo vivo, suelo rural, disminución de la calidad de vida, deterioro del paisaje, incremento de las contaminaciones y los residuos, etc., e hipotecas para las personas y para el futuro a que ha llevado), no habilita para que se siga haciendo, lo sigamos tolerando y aceptemos sufrir sus consecuencias.
Los Planes Generales tienen como condición estructurante, como pilares del planeamiento, la existencia o la puesta en marcha de infraestructuras y dotaciones que soporten las propuestas planteadas, como son disponer de agua potable suficiente y de calidad, alcantarillado, viales, servicios, etc. No se pueden pretender actuaciones que no cuenten con esas dotaciones e infraestructuras, como tantas veces se ha hecho.
Los Planes Generales tienen que insertarse en una lógica comarcal, tener en cuenta también el grado de saturación del territorio en su conjunto, las infraestructuras generales, las redes supramunicipales que dan servicio a varios pueblos (depuradoras, carreteras, etc.) y evitar también las afecciones negativas a los municipios aledaños y a sus habitantes, a los espacios naturales, a la calidad del aire, al agua, al paisaje, a la movilidad comarcal, etc., así como tener muy presente la obligación legal de incluir medidas para paliar el calentamiento global y otras amenazas medioambientales. No son un ejercicio cerrado a un solo en un término municipal.
Los Planes Generales no son solo las decenas de documentos con miles de páginas de análisis, propuestas, informes, ordenanzas urbanísticas, planos, etc., escritas, de manera intencionada, en un lenguaje incomprensible para las mayorías, sino que fundamentalmente son un proyecto de vida vecinal para, al menos, quince o veinte años, por lo que tendrían que estar sólidamente fundamentados y evitar las visiones o referencias cortoplacistas y las afirmaciones no demostradas, por mucho que algunas de ellas puedan formar parte del imaginario social construido por las tramas político-especuladoras durante decenios.
Los Planes Generales deberían enmarcarse en un proyecto social amplio y, por lo tanto, el Avance tendría que haber sido debatido y consensuado previamente con las vecinas y vecinos de Los Molinos y con los concejales/as de todos los grupos municipales, no solo con los del PP (si es que se ha hecho…).
El hacer Avances de los Planes Generales es obligatorio por ley, aunque sus contenidos no sean vinculantes para los equipos de gobierno municipal que los formulan, ni para los que les sucedan. En el artículo 56 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid se establece que La aprobación de los Avances de planeamiento sólo tendrá efectos administrativos internos y en las relaciones entre las Administraciones públicas que hayan intervenido en su elaboración.
Pero esto no quita que los Avances deben ser documentos sólidos, tanto porque van dirigidos a la población y a las instancias administrativas, como porque suponen un gasto considerable de recursos públicos y de tiempo (el Ayuntamiento de Los Molinos lleva muchos centenares de miles de Euros, salidos de los vecinos/as, gastados en PGOUs fracasados), obligan a elaborar informes de organismos oficiales, implican a vecinas y vecinos y organizaciones en su análisis, sugerencias, alegaciones, etc.
Y todos esos costes se malversan cuando al estar mal hechos o contener propuestas ilegales o ilegítimas, son rechazados y se tienen que volver a elaborar, como ocurre en la mayoría de los casos y como ya ha ocurrido en Los Molinos y, previsiblemente, volverá a ocurrir.
El presente Avance ha supuesto, por ahora, solo en la contratación del equipo redactor de la empresa OMICRON-AMEPRO, S.A., un gasto de 110.310,86 €, para las arcas municipales, por ahora, a los que habría que añadir otros costes, como los del tiempo de trabajo de los empleados/as municipales que han colaborado en su elaboración, y sumarlos a la larga lista de gastos de otros intentos anteriores fracasados.
La legislación no establece con suficiente detalle los contenidos que deben incluirse en un Avance y la rigurosidad de los mismos, por lo que en muchos de estos documentos, como es el caso del presente, aprovechándose de esa laxitud, se incluyen propuestas que son más bien guiños hacia grupos de interés, parientes y amigos, si no acuerdos y compromisos definidos con ellos. Por lo que suelen estar llenos de promesas clientelistas, aun sabiendo que muchas de ellas no saldrán adelante, serán seriamente recortadas o serán rechazadas por los tribunales, como viene ocurriendo en Los Molinos.
A veces, esas promesas y actuaciones clientelares no quedan explícitas, sino que se formulan a través de ambigüedades, vacíos y hasta de flagrantes contradicciones, que enmascaran algunas de sus intenciones, dejando para la concreción en los Planes Parciales u otros instrumentos de detalle expansiones y concesiones que no aparecen en los Planes Generales.
(Continuará...)








